Un millón y medio de personas viven en situación de exclusión en Andalucía de forma cada vez más arraigada. Este es uno de los datos arrojados por el VIII Informe FOESSA y que hablan de la nueva situación social en la que se encuentran los andaluces desde hace unos años, en un estudio que tiene en cuenta más de 35 indicadores que valoran factores como el empleo, la capacidad de renta, el acceso a la vivienda, la salud, la educación, el nivel participación política o la forma de las relaciones sociales.

Este cifra revelada por este riguroso estudio supone que casi una quinta parte de toda Andalucía “tiene algún problema relacionado con la vivienda, la salud, el empleo, o han agotado la red de apoyo que les permitía salir a flote”, según el informe.

CRISTALIZACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La presentación del estudio corrió a cargo del Secretario técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores, que arrojó cantidad de datos que demuestran que la comunidad autónoma andaluza, si bien a ha vuelto en conjunto a los niveles de integración social que había antes de la crisis, también registra datos que indican que hay un porcentaje de la población bastante consolidado dentro de una exclusión severa.

“Junto a esta consolidación de la exclusión social y de la precariedad”, señala Raúl Flores, “destacamos una naturalización de ambos elementos. Una sensación de que esa situación de precariedad y de exclusión ha venido para quedarse y que no podemos hacer muchas cosas para cambiarla”.

Si España por lo general puede considerarse un país en el que la movilidad social se da y está bastante activa, también existe una parte de la población que parece ser impermeable a esa movilidad. Llamativo es el dato apuntado por el secretario técnico de FOESSA que dice que nuestro país es el quinto país del mundo en el que la desigualdad entre la clase media y baja es más acentuada. El informe además apunta que esta diferencia se ha ido acentuando en los últimos años.

Esta sensación de que “no se puede hacer nada” ha creado lo que han calificado como una “fatiga de la compasión”. El hecho de que hay menos recursos económicos, que esta exclusión social no está reflejada muchas vences en los medios de comunicación y esa sensación de que si alguien no ha salido de la situación de exclusión es porque no se ha esforzado, obviando las difíciles circunstancias a los que una parte de la población se enfrenta, han provocado que “la mitad de la población esté menos dispuesta a ayudar ahora que hace 10 años”, subrayó Raúl Flores.

PROBLEMA DE EMPLEO Y DE AGOTAMIENTO POLÍTICO

Otra de las conclusiones interesantes de este informe elaborado por esta fundación auspiciada por Cáritas española es que el empleo ya no es un factor que baste para que una persona salga de este umbral de exclusión social.

“Aunque ha disminuido el desempleo, la desprotección y la precariedad han provocado que hoy las personas con trabajo no estén exentas de la exclusión”, sostiene el informe. Este problema creado por la temporalidad y el tipo de empleo precario han hecho cambiar la conciencia del trabajador, que ve su trabajo más como un privilegio que como un derecho.

El secretario técnico del Informe FOESSA señaló igualmente que junto con este problema de la falta de empleo, que en Andalucía todavía alcanza al 23% de la población, está el problema político, en el que se refirió la desconexión de los políticos con ciertos problemas de la población. Muy indicativa es el dato que apunta que la abstención subió hasta el 75% en los barrios pobres y caracterizados por niveles de exclusión altos.

REVISIÓN DE POLÍTICAS

La presentación del informe contó con la presencia del Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, Dr. Enrique Raya, que agradeció la claridad de los datos y coincidió en la línea de que existe un problema evidente en la puesta en marcha de las políticas públicas.

“Hacemos estudios y estudios y demás pero luego esto no se concreta”, dijo el catedrático granadino, sentado junto a la Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios sociales de la Universidad de Granada, Blanca Girela, presente también en el acto. “No podemos desligar la exclusión pensando que es una cuestión estructural. No es una cuestión estructural, sino de actores y agentes políticos”, señaló.

Haciendo un recorrido por la situación de algunos barrios y zonas de la ciudad de Granada, Enrique Raya expuso que se deberían de revisar las políticas públicas tras su puesta en marcha. “No solo las políticas públicas sino que los trabajos sociales no se evalúan. Quizás reenfocando esta cuestión podrías ayudar más contando con las mismas políticas y recursos”, apuntó.

El acto concluyó con una mesa redonda en el que los ponentes pudieron abrir un rato de debate junto a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, partiendo de la realidad desvelada por el informe.

Ignacio Álvarez
Secretariado de Medios de Comunicación Social
Arzobispado de Granada